"...Las generales de la ley, a estas alturas, ya son de sobra conocidas. El Ministerio de Cultura coló en la Ley de la Economía Sostenible una reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y de la Ley de la Propiedad Intelectual que permite que sea una comisión de "expertos independientes" (tan independientes que serán nombrados por el Gobierno) quien pueda decidir el cierre de una página web presuntamente pirata sin necesidad de molestar a los jueces, que es gente muy ocupada.
La abusiva reforma ha provocado tal reacción en Internet que Zapatero ha tenido que desautorizar a su ministra y pisar el freno de una reforma que, a juzgar por lo que ayer nos contaron en el Ministerio de Cultura, era aún más peligrosa de lo que se había anunciado. Porque la reunión con Sinde, en realidad, duró poco: la ministra llegó quince minutos tarde y se fue apenas media hora después, ya que tenía que "inaugurar un museo". Justo antes de que se levantase de la mesa, varios de los que allí estábamos preguntamos si el texto de la reforma era inamovible y González-Sinde, algo molesta, se ratificó en él: "En una reunión de media hora ni yo ni ningún otro ministro puede decidir sobre una ley". Y Sinde se fue.
Pero ahí no acabó la película. Después, la reunión continuó con varios altos cargos del Ministerio. Tomó la voz cantante Guillermo Corral, el director general de política e industrias culturales, que insistió en explicarnos la letra pequeña de la reforma, el procedimiento que Cultura quería instalar en sustitución de los perezosos jueces, que tanto tardan en sentenciar.
Según Corral, la comisión que velaría por la propiedad intelectual en Internet sólo actuaría a propuesta de parte. Es decir, después de la denuncia de la SGAE (o alguna de las otras entidades de gestión) o del autor de la obra pirateada; en ningún caso vigilaría la Red a la caza de piratas por su cuenta y riesgo. La composición de la comisión aún no parecía estar muy clara. Pero, al parecer, sería algo así como dos representantes del Ministerio de Cultura, dos de las entidades de gestión de derechos de autor (La SGAE y sus primas) y otros dos nombrados por las telecos, por Telefónica, Vodafone, Ono y el resto del sector.
Cuando llegase la denuncia, estos "expertos independientes" comprobarían si había motivo para la denuncia y, en caso de que lo hubiese, enviarían primero una comunicación al denunciado para que retirase el material en cuestión. Si la web denunciada no obedeciera y, según Corral, sólo como último extremo, se bloquearía la página, ordenando al servidor donde se aloje que la desenchufe.
Hasta aquí la cosa es fea. Pero, ¿qué pasaría si el servidor no está en España? En ese caso, según Corral, el protocolo previsto pasaría porque la comisión ordenase a los proveedores de acceso a Internet, a los del ADSL o el cable, que bloqueasen a los internautas españoles el acceso a estas páginas extranjeras. De hacerse tal cosa, el Internet en España no sería el mismo que en Francia, o en Estados Unidos, y las listas negras de sitios bloqueados no sería orden de un juez, sino una comisión nombrada por el Gobierno. Eso es algo que, por el momento, sólo sucede en países como China, Corea del Norte o Cuba y que además es muy complicado de realizar técnicamente. China se ha gastado muchísimo dinero en levantar un gran firewall y, pese a la enorme inversión, existen programas para saltar esa muralla.
Según Corral, el objetivo de la comisión no sería perseguir a las páginas de enlaces a descargas sino a esos sitios "como spotify, con servicios Premium por los que cobran, pero sin pagar a los autores". No los mencionó directamente, pero por sus palabras imagino que se refiere a páginas como Megavideo, Rapidshare, Megaupload o similares; webs que son legales en sus países de origen -por eso siguen abiertas- pero que, si se aprobase esta reforma, estarían vetadas para los internautas españoles sin que un juez medie en la decisión.
Intentamos argumentar que no se puede sustituir a un juez por los lobbistas de sectores enfrentados -con el internauta como carne de cañón en el centro de la batalla-, pero sirvió de poco. Según Corral, la garantía legal existe en cualquier caso porque la LSSI establece en su artículo 8 que "en todos los casos en los que la Constitución y las Leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo", por lo que, según su protocolo, si la comisión se encontrase ante una web cuyo cierre vulnerase algunos de estos derechos fundamentales -como un medio de comunicación- el cerrojazo sólo sería posible con orden judicial. ¿Y quién decide cuando la comisión actúa y cuando se abstiene? Pues lo decide la comisión en sí misma, naturalmente.
Por suerte, el resto del día clarificó bastante la situación. La ministra González-Sinde fue convocada a una reunión urgente en La Moncloa, a mediodía, donde se decidió dar marcha atrás. Zapatero, en una rueda de prensa no lo suficientemente clara, sí dijo que la letra del texto estaba abierta a cambios, mientras que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que nada se haría sin control judicial.
Falta por ver cómo aterriza el texto cuando de anteproyecto pase a proyecto y cómo sale después del Parlamento. "Nos hemos cargado toda la Ley de la Economía Sostenible con un puto párrafo", decían desde la bancada socialista en el Congreso, donde culpan al equipo jurídico de Cultura del desaguisado. Un "puto párrafo" dentro de la ley más trompeteada de todo el año. Normal que en el Gobierno y en el PSOE aún estén preguntándose cómo pudo pasar."
Desde el lupanar de rica miel.
