La Justicia archiva la causa contra el presidente de Valencia. Dos jueces conservadores del Tribunal Superior de Valencia dan carpetazo a la causa abierta contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, implicado en el Caso Gürtel por haber aceptado sobornos: 12.000 euros en trajes a medida.
La Justicia le ha dado al fin una alegría al conservador Partido Popular (PP). El primer partido opositor español lleva meses atrapado en el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afecta a algunos de sus dirigentes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio ayer carpetazo a una parte del caso: la causa abierta contra varios líderes regionales del PP, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Estaban acusados por aceptar lujosos regalos de las empresas de Francisco Correa, el presunto jefe de una trama corrupta que, según la investigación policial, utilizaba sus amistades en el PP para conseguir contratos públicos y cobrar comisiones. Camps había sido imputado dentro de ese proceso, que inició el juez Baltasar Garzón, por recibir 12.000 euros en trajes a medida pagados por Álvaro Pérez –conocido en la investigación como ‘el Bigotes’–, el hombre de Correa en Valencia.
‘El Bigotes’ trabajó durante años para el PP en la organización de mítines del partido, a sueldo de Correa, y es amigo de Camps, además de contratista de la administración valenciana. “Amiguito del alma”, le calificaba el presidente de Valencia en una conversación telefónica entre ambos intervenida por la Policía durante las ultimas Navidades. “Te quiero un huevo”, afirmaba Camps en esa misma conversación. Le agradecía al ‘Bigotes’ unos regalos navideños: “Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es muy bonito”. La empresa del ‘Bigotes’ y Correa, Orange Market, recibió en los últimos años siete millones de euros en contratos del gobierno que preside Camps.
‘El Bigotes’ trabajó durante años para el PP en la organización de mítines del partido, a sueldo de Correa, y es amigo de Camps, además de contratista de la administración valenciana. “Amiguito del alma”, le calificaba el presidente de Valencia en una conversación telefónica entre ambos intervenida por la Policía durante las ultimas Navidades. “Te quiero un huevo”, afirmaba Camps en esa misma conversación. Le agradecía al ‘Bigotes’ unos regalos navideños: “Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es muy bonito”. La empresa del ‘Bigotes’ y Correa, Orange Market, recibió en los últimos años siete millones de euros en contratos del gobierno que preside Camps.
Cuando el juez Garzón desveló la trama, antes de que estas conversaciones telefónicas llegasen a la prensa, Camps mintió al asegurar que no conocía “de nada” al ‘Bigotes’. Más tarde negó los regalos: “Yo me pago mis trajes”, afirmó en una contundente declaración pública, que después ratificó en su declaración judicial. El juez José Flors, quien se ocupó de la investigación después de que Garzón transfiriese esa parte del caso a la justica valenciana, encontró once pruebas distintas que demostraban que Camps había mentido, por lo que decidió imputarle bajo la acusación de cohecho pasivo: un delito recogido en el Código Penal que condena a los funcionarios o cargos públicos que aceptan regalos y que está penado con una multa de entre tres y seis meses de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción protestó hace unas semanas contra esta decisión del juez Flors, pues reducía los cargos contra Camps y dejaba libre al ‘Bigotes’; el cohecho pasivo, a diferencia del delito de cohecho, que pedía Anticorrupción, sólo castiga al funcionario, y con una pena menor.
El auto judicial del Tribunal Superior de Valencia, conocido ayer, deja claro que Camps mintió y que los regalos existieron, pero considera que no existe ningún delito porque no ve la relación entre los regalos y los contratos adjudicados al ‘Bigotes’ ni con los cargos que desempeñan los acusados. La decisión no fue unánime: dos jueces de la sala votaron a favor del archivo y un tercero, en contra. Los tres jueces están adscritos al sector conservador. Dos de ellos fueron nombrados por el PP, a través de las Cortes Valencianas, y el tercero, el presidente, por el Consejo General del Poder Judicial –el órgano rector de la Justicia española, nombrado por la mayoría del Parlamento durante los años del Gobierno conservador de José María Aznar–. Uno de los dos jueces que votó a favor del archivo, el presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa, es amigo personal de Camps. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat”, aseguró el propio Camps en un discurso, hace cerca de un año. La respuesta del juez no fue menos cariñosa: “Me siento feliz de esa relación”.
El líder del PP, Mariano Rajoy, declaró al conocer el archivo que “había triunfado la Justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque algunos están de los nervios”. La vicepresidenta del Gobierno, la socialista María Teresa Fernández de la Vega, ha criticado la respuesta de Rajoy: “El tema es lo suficientemente serio como para hacer gracietas”. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el archivo del caso ante el Tribunal Supremo. Camps dice estar “muy contento”.
Crònica de Ignacio Escolar per al diari argentí "Clarín".
Desde el lupanar de rica miel.
