Le apoyó por delante, por detrás, al lado, se tragó todos los sapos por él, vinculó el futuro político de ambos, le aclamó en plazas de toros cuando todo el mundo sabía que lo quería ver dimitido. Nunca le pidió que se fuera. Esperó y esperó, confiado en que algún momento la presión lo reventaría. En que moriría sin que nadie lo matase. Y sobre todo sin que él se manchase las manos. Tuvo que esperar dos años, cuatro meses y un día, pero Mariano Rajoy, sin mover un músculo, vio ayer cómo caía por su propio peso, y sin hacer él nada, como pasó con el extesorero Luis Bárcenas, la última gran pieza del caso Gürtel: dimitió Francisco Camps.
El presidente de la Generalitat se resistió hasta el último momento. Y Rajoy, consciente de que no podía forzar su dimisión directamente, buscó una salida intermedia, aunque muy difícil de defender. En varias conversaciones en los últimos días, tanto el líder del PP como otros interlocutores le explicaron a Camps que la dirección nacional no podía permitirse un juicio en otoño, en plena campaña. Así que, si no quería dimitir —y no quería— solo quedaba una salida: declararse culpable, aceptar la multa más alta que le pidieran, y evitar el juicio.
Rajoy aceptaba así que Camps se convirtiera en el único presidente autonómico con antecedentes penales de la democracia española, nada menos que por cohecho, esto es por corrupción. Es más, le dejaba a él decidir. Pero para facilitar las cosas, Génova empezó a trabajar para que saliera adelante ese apaño. “Es el mal menor”, explicaban.
Rajoy ya había renunciado a su oportunidad real para resolver el problema en marzo, cuando podía no haberle confirmado como candidato. Los estatutos del PP le dan ese último poder al líder. Pero una vez más, no lo ejerció, prefirió esperar, como siempre, y entonces quedó a merced del president. Él tenía la última palabra.
Además de Camps, que nunca estuvo del todo convencido, porque quería ir a juicio, el problema principal era Ricardo Costa. El exsecretario general no quería admitir su culpabilidad porque eso podía facilitar su condena en el caso de financiación ilegal, con penas no de multas sino de cárcel.
El equipo de Rajoy puso en marcha la red para afianzar el apaño. Dolores de Cospedal llamó a última hora de la noche del martes a Costa, y le pidió un sacrificio. A cambio, le garantizó una compensación, un reconocimiento y un buen trato político en el futuro. Costa aceptó, a regañadientes y contra el criterio de su abogado.
Todos, Rajoy y Cospedal incluidos, se fueron a la cama pensando que el president se declararía culpable. Rajoy y Camps hablaron también a última hora, y aunque ambos coincidieron en que la solución no era buena, decidieron seguir adelante. Nadie en los últimos días descartaba la dimisión del todo, porque veían a Camps muy tocado, pero le habían visto tantas veces resistir y resistir que no lo querían creer. Por eso se resolvió que se declaraba culpable. Allí estaba Federico Trillo, siempre cerca de Camps desde el martes por la tarde, para garantizar que su entorno, mucho más resistente, no le convencía de que fuera a juicio. Rajoy no controló nunca la situación, todo estaba en el aire hasta el último momento.
Nada más despertar, comenzó una mañana de esperpento. Costa ya había cedido, pero con una condición: que él iba a firmar con Camps. En ningún caso antes. No se fiaba. Ya le habían engañado otras veces. El president llegó a prometerle que le metería en el Gobierno autonómico. Nada.
Varios periódicos daban cuenta en sus portadas del apaño, y los comentaristas empezaban a criticarlo. En el entorno de Camps se instalaba una realidad: el arreglo no eliminaría la presión mediática, lo que peor lleva un president que en los últimos dos años apenas ha aceptado preguntas de la prensa y que llevaba cinco días encerrado cancelando agendas. Su estado anímico se deterioraba por minutos, según los muchos dirigentes que han hablado con él en las últimas horas.
Aún así, a primera hora de la mañana, todo marchaba según lo previsto. Los abogados de tres de los cuatro imputados, Víctor Campos, Rafael Betoret y Francisco Camps llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Valencia con sus documentos para “conformarse”, el término técnico para reconocer el delito. El letrado de Camps, y por tanto no un hombre enviado por Génova sino alguien de su absoluta confianza, llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que reconocía el delito y anunció que estaba a la espera de que su cliente viniera a firmarlo. Costa esperaba acontecimientos, y nunca presentó el escrito.
El documento sin la firma del imputado no vale. Así que empezaron a desfilar. Primero Campos, que firmó, después Betoret, que también lo hizo... ¿Y Camps? Todo el mundo le esperaba, la expectación iba creciendo, y también la presión. El tribunal se llenó de cámaras y redactores que aguardaban a pleno sol. Pasaban las horas, y el juzgado iba a cerrar.
Entonces el esperpento alcanzó su cénit. El juzgado anunció que el abogado de Camps había comunicado que el president se disponía a acudir para firmar el documento que había presentado su abogado, esto es para reconocerse culpable. Pidió así el favor de que ampliaran el horario de cierre. Le había costado mucho decidirse, pero parecía hecho. El juzgado aceptó esperar nada menos que para recibir al president de la Generalitat, que seguía refugiado en el palacio presidencial con Trillo y Juan Cotino, dos hombres religiosos como él, cercanos al Opus Dei, que han estado casi siempre con él en los días más duros.
Muchos de los que han hablado con él estos meses aseguran que Camps se ha llegado a tomar el caso como una especie de martirio, como un prueba, y que se ha refugiado en la fe para resistir. Algunos incluso señalan que realmente estaba al límite de la resistencia psíquica.
Cuando todo parecía decidido, algo pasó. Se repitió el caso de Bárcenas. El extesorero dimitió un día en que su mujer lloraba porque no podía salir de casa con todas las cámaras esperando a la puerta. Camps se rindió al ver que tenía que declararse culpable y hacer el paseíllo rodeado de cámaras, admitir su falta, pagar la multa y explicarlo antes los ciudadanos. Acorralado, consciente de que casi todo el partido quería que se marchara hace mucho tiempo, se derrumbó. Decidió dimitir para no declararse culpable, para seguir con el juicio y tratar de defenderse. Para no admitir ante todos lo que ya todos reconocen incluso en público: que mintió, ante el juez, el Parlamento y los ciudadanos. “No quería ser un presidente condenado, ahora se siente liberado”, comentaba alguien que habló con él.
Su decisión, comunicada a las 17.30 con su gobierno en pleno a la espalda y Trillo y Rita Barberá de espectadores, deja a los pies de los caballos a Campos y Betoret. Ambos se han declarado culpables —y eso no tiene marcha atrás— porque el PP les dijo que Camps también lo haría. Costa se salvó por su desconfianza, y ahora él y Camps tratarán de defender su inocencia en el futuro juicio mientras otros dos imputados con las mismas pruebas reconocen su culpabilidad.
Sin haber jugado el partido, el resultado puede parecer muy bueno para Rajoy. Se quita el peso de Camps, que pese a su dimisión de ayer del Gobierno y del PP pretende mantener su escaño en el Parlament de cara al futuro; despeja su camino a La Moncloa y coloca de sucesor a Alberto Fabra, que siempre fue el favorito de Génova una vez que Rita Barberá rechazó el encargo. Se le colocó en las listas autonómicas por si acaso, aunque nadie contempló nunca en serio que Camps cayera.
Sin embargo, aunque políticamente empezó a resolverse ayer, el caso Gürtel en Valencia no ha hecho más que empezar. Queda por juzgar toda la financiación ilegal, las desviaciones y comisiones en la visita del Papa, y los contratos irregulares de todo tipo con la trama. El caso de los trajes era solo el principio. Pero ha sido suficiente, dos años después, para hacer dimitir al responsable de haber llevado la trama a Valencia: Francisco Camps, el amigo del alma de Álvaro Pérez, el Bigotes.
El País.
